Las energías renovables ganan terreno

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Impulsado por medidas gubernamentales, el peso de las energías renovables (EnR) en el sistema eléctrico del país viene en aumento. En abril, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) anunció 354 proyectos EnR de generación eléctrica en estado de evaluación; el equivalente a una capacidad generativa de 11 863 MW. Las plantas reducirán la dependencia de los combustibles fósiles para generación eléctrica y, por lo tanto, apalancan la transición energética hacia un país carbono neutro en emisiones CO2.

Dentro de las disposiciones que impulsan el crecimiento del sector se destacan:

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La Ley 1715 de 2014 que acuerda incentivos fiscales para inversiones EnR,

La Resolución CREG 030 de 2018 que estipula que los operadores de la red eléctrica acepten producción eléctrica de generadores EnR,

La Resolución 40715 de 2019 que, a partir de enero de 2022, obligará a los comercializadores atendiendo a usuarios finales del mercado regulado en Colombia comprar al menos 10 % de su energía de fuentes renovables.

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Políticas gubernamentales coherentes son indispensables 

Para que la transición energética avance a pasos firmes, se necesita poner en marcha una estrategia que tome en consideración impactos ambientales, previsiones de demanda eléctrica, evoluciones tecnológicas e incentivos comerciales. Por esta razón, una multiplicidad de instancias como el Ministerio de Energía, el Ministerio del Medio Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se han implicado en la emisión de leyes, decretos, planes y resoluciones destinado a estimular el sector en todos los ámbitos. Sin embargo, aunque cada medida, por si, contribuya a la transición, ¿hay coherencia entre ellas? 

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El impuesto al carbono, en vigencia desde 2016, pone en evidencia el disfuncionamiento que puede resultar cuando no hay coordinación entre entidades.  El propósito del recaudo de ese tributo sobre los combustibles a hidrocarburos - que para la gasolina es de COP$ 155/galón (COP$ 41/litro) - era invertir en proyectos ambientales gestionados por el Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, cuatro años después, no se sabe a dónde paró el recaudo, estimado en COP$ 400 000 millones (El Espectador 9 de junio de 2020). 

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Para hacerle frente a ese tipo de desfalco, parecería indispensable, a nivel de la Presidencia, la creación de una entidad interministerial a nivel de la Presidencia. Tal instancia se encargaría de establecer una hoja de ruta estratégica, coordinar las iniciativas de todas las entidades implicadas y monitorear la efectividad de las medidas puesta en práctica.

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Los ambientalistas han convencido a la mayoría de los colombianos la pertinencia de las EnR para combatir el Cambio Climático. Sin embargo, se puede argumentar que hay razones económicas más importantes. En primer lugar, las EnR permiten suplir necesidades energéticas cuando la producción de los generadores convencionales se ve afectada por eventos imprevistos. La sequía provocada por El Niño es un caso ejemplar. Este fenómeno climático impactó negativamente la generación eléctrica de las centrales hidroeléctricas - responsables por 70% de la energía eléctrica consumida en el país. 

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Para hacerle frente a insuficiencias de producción, la única estrategia disponible, por el momento, es raciocinar el consumo de electricidad; una medida que evidentemente golpearía a la economía. Este riesgo se manifestó durante El Niño de 2015-2016. Y se prendieron las alarmas en 2020 puesto que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales prevé sequías a finales del año.  El mensaje es claro; el país necesita diversificar sus fuentes de generación para robustecer el sistema. Las EnR se presentan como una solución idónea.

 

La puesta en marcha de un plan de diversificación basado en las EnR, no solamente estabilizaría la generación eléctrica sino impulsaría el crecimiento de un sector todavía en su infancia en el país. Asimismo, se impulsa el desarrollo, no solamente en las regiones conectadas a la red eléctrica, sino las EnR permiten proveer electricidad fiable y a precios competitivos a poblaciones en regiones no conectadas. Es decir, solamente por razones económicos, se justifica una estrategia que le abre el camino al crecimiento del sector.

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Existen barreras a superar

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Impulsos para potencia inversiones salen a la luz al identificar las barreras enfrentadas por promotores de proyectos. Una queja recurrente es la dificultad de conectar una instalación EnR al sistema eléctrico. En teoría, CREG Resolución 030 de 2018 obliga a los operadores de red de efectuar una conexión. En la práctica, los promotores deben hacerle frente a trabas administrativas y deficiencias técnicas a puntos de conexión. Las dificultades se pueden explicar por la estructura jurídica del sector eléctrico; una estructura que desincentiva acoplar generadores EnR.

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En la actualidad, se permite a empresas ejercer operaciones a lo largo de la cadena de valor del sistema que se reparte en cuatro eslabones: generación, transporte, distribución y comercialización.  El problema cuando una empresa está presente en más de un eslabón se crean condiciones que desfavorece competencia. Empresas Públicas de Medellín (EPM), por ejemplo, opera por toda la cadena. En consecuencia, no existen incentivos para que EPM facilitara conexiones proyectos EnR de competidores potenciales.

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El bloqueo a la entrada de nuevos participantes desincentiva nuevos entrantes y crea barreras a la introducción de avances tecnológicos. La solución aparente requiere limitar las operaciones en un eslabón. Sin embargo, aunque esa medida permite evitar prácticas monopolísticas, no sería suficiente para eliminar deficiencias técnicas en la red. Se necesita modernizar la infraestructura en ciertas regiones. Sin embargo, bajo las condiciones actuales, a los operadores de la red le faltan incentivos para robustecer los puntos no conformes.  Incentivos fiscales que incentiven las reformas parece una estrategia eficaz.

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Es claro que hay otras medidas que puedan dar ímpetu a la transición energética. Sin embargo, las das planteados no requieren grandes inversiones y, en principio, son fáciles a poner en marcha. ¿Ha llegado la hora de ponerlas en práctica?

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Bogotá, 6 de julio de 2020